El pleno del Senado de la República aprobó una reforma constitucional que busca poner fin a las conocidas “pensiones doradas” que reciben algunos exfuncionarios públicos y exdirectivos de organismos del Estado.
La iniciativa fue respaldada por 115 votos a favor y seis abstenciones, con lo que se pretende limitar los ingresos que actualmente perciben ciertos servidores públicos una vez que concluyen sus funciones.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la medida tiene como objetivo reducir pagos considerados excesivos y generar un ahorro estimado de alrededor de 5 mil millones de pesos al año para las finanzas públicas.
La reforma contempla modificaciones al artículo 127 de la Constitución, estableciendo que ninguna pensión otorgada en el país podrá superar la mitad del salario mensual de la titular del Ejecutivo federal, lo que equivale aproximadamente a 70 mil pesos mensuales.
El proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados, donde deberá ser analizado, discutido y votado para continuar con el proceso legislativo.
La propuesta establece excepciones únicamente para integrantes de las Fuerzas Armadas y otros casos específicos contemplados dentro del marco legal vigente.
