El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha puesto en su radar de sanciones a Raymundo Ramos, un reconocido activista de derechos humanos en Tamaulipas, México. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) lo vincula directamente con el Cartel del Noreste (CDN), acusándolo de utilizar su labor como defensor para defender a miembros de la organización criminal.
Según el comunicado de la OFAC, Ramos se ha presentado como activista de derechos humanos, pero en realidad lidera una campaña de desinformación contra las autoridades mexicanas. Se le imputa la presentación de denuncias falsas contra el Ejército mexicano, el pago a individuos para participar en protestas y la protección de la reputación de miembros del cartel caídos o arrestados.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A. C., organización que Ramos preside desde hace más de dos décadas, ha desmentido las acusaciones. En un comunicado, calificaron el lenguaje de la OFAC como “atípico”, “tendencioso e inusual”, sugiriendo que busca descalificar directamente el trabajo del activista en pro de los derechos humanos.
Las amenazas y señalamientos contra Ramos no son un fenómeno reciente. Desde hace aproximadamente una década, ha enfrentado campañas de desprestigio, especialmente tras documentar más de 50 desapariciones forzadas en Tamaulipas en 2018, presuntamente a manos de la Armada. En ese momento, se difundió información personal suya y de su familia, intentando vincularlos con el crimen organizado.
Además, en octubre de 2022, Ramos denunció haber sido espiado con el malware Pegasus, utilizado por el Ejército mexicano. Una investigación posterior de R3D, Animal Político y Proceso confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía conocimiento del uso de este programa para obtener información que pudiera desprestigiarlo, sin pruebas concretas de nexos criminales.
La ONG de Ramos ha interpretado la redacción del documento de la OFAC como una posible “exoneración implícita del Ejército mexicano”. Esta perspectiva sugiere un posible gesto político o una concesión hacia la Sedena, evidenciando la influencia de las Fuerzas Armadas en la inteligencia y cooperación bilateral, así como la fragilidad de las instituciones civiles de seguridad en México.
Tamaulipas, un extenso territorio fronterizo con Estados Unidos, se ha consolidado como una «zona de silencio» en México. En este contexto de intensa presencia del crimen organizado y del Ejército, las pocas organizaciones no gubernamentales, periodistas y figuras políticas que intentan alzar la voz lo hacen bajo el constante riesgo de represalias, lo que limita la denuncia de abusos.
