Una comisión de investigación de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que autoridades rusas habrían cometido crímenes contra la humanidad por la deportación y el traslado forzado de miles de menores desde territorio ucraniano hacia Rusia.
El señalamiento fue dado a conocer través de un informe elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, la cual indicó que existen pruebas suficientes que apuntan a la participación de funcionarios rusos en estas acciones.
El documento sostiene que, además de la deportación y el traslado forzoso, también se han registrado casos de desaparición de menores. Estas prácticas, según los investigadores, constituyen violaciones graves al derecho internacional.
El caso de los niños ucranianos deportados también fue uno de los argumentos utilizados por la Corte Penal Internacional en 2023 para emitir una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Tras darse a conocer el informe, el gobierno de Ucrania pidió a la comunidad internacional incrementar la presión contra Moscú. El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, señaló que es necesario redoblar los esfuerzos para que los responsables enfrenten consecuencias por estas acciones.
La comisión fue establecida en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, poco después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, con el objetivo de investigar posibles violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario durante el conflicto.
En sus conclusiones, los investigadores afirmaron que las autoridades rusas trasladaron de manera ilegal a menores desde zonas ocupadas en Ucrania y, en muchos casos, retrasaron su retorno a sus hogares.
El informe señala que las acciones adoptadas con respecto a los menores vulneran normas del derecho internacional humanitario y no respetan el interés superior de los niños.
Hasta ahora, la comisión ha confirmado al menos 1,205 casos documentados. No obstante, el gobierno ucraniano sostiene que cerca de 20 mil menores habrían sido llevados por la fuerza a territorio ruso o a regiones ocupadas desde el inicio de la guerra en 2022.
Por su parte, Rusia ha argumentado que algunos menores fueron trasladados desde sus hogares o instituciones para protegerlos de los combates.
Sin embargo, los investigadores recuerdan que el derecho internacional permite evacuaciones únicamente de forma temporal y por razones estrictamente relacionadas con la seguridad o la atención médica.
Además, el informe advierte que alrededor del 80% de los menores incluidos en los casos analizados no han podido regresar con sus familias, debido a la falta de mecanismos establecidos por las autoridades rusas para facilitar su repatriación.
