La posibilidad de un nuevo ajuste a la tarifa del transporte público en Durango ha surgido, incluso después de un incremento aprobado el mes pasado. Esta opción se mantuvo abierta en el acuerdo alcanzado por el Consejo Consultivo del Transporte, según confirmó Héctor Vela Valenzuela, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG).
Vela Valenzuela explicó que existe una «grave problemática» derivada del encarecimiento de los combustibles. Esta situación ha llevado a que los transportistas y concesionarios no estén dispuestos a operar con pérdidas, lo que motiva la solicitud de una nueva revisión tarifaria.
La Confederación de Trabajadores de México (CTM) ha presentado una petición formal para un nuevo aumento. La SGG reconoció que esta posibilidad no ha sido descartada, ya que un transitorio del documento firmado previamente contempla la revisión de tarifas ante incrementos significativos relacionados con conflictos como el del Golfo Pérsico.
A pesar de la apertura a una nueva revisión, actualmente no existe un estudio socioeconómico que respalde un monto específico para el posible aumento. La intención de las autoridades es «seguir aguantando» para no afectar a la mayoría de los ciudadanos, aunque la opción de revisión permanece activa.
El tema ha generado críticas entre los usuarios, quienes cuestionan que el aumento de las tarifas no siempre se traduzca en una mejora perceptible en la calidad del servicio. Sin embargo, desde la SGG se asegura que se han realizado «esfuerzos importantes» para modernizar las unidades y optimizar el servicio.
Estos esfuerzos incluyen la renovación de autobuses y la implementación de modelos que cumplen con la normativa vigente. No obstante, se busca que cualquier decisión sobre tarifas o mejoras se tome «con ciertas consideraciones» para evitar impactar negativamente las fuentes de ingreso de las familias que dependen del sector del transporte.
En resumen, las autoridades continúan impulsando la mejora en la calidad del servicio, tanto en autobuses como en taxis, mientras balancean la presión económica de los concesionarios y el bienestar de los ciudadanos ante la posibilidad de futuros ajustes tarifarios.
