El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha ordenado el inicio de la construcción de barreras físicas a lo largo de la frontera con Perú en respuesta a lo que califica como una vulneración por parte de la inmigración irregular, marcando una de las primeras acciones fuertes de su gobierno desde que asumió el cargo en marzo de 2026.
El proyecto contempla la instalación de barreras, el uso de tecnología como drones de vigilancia y un mayor despliegue militar en tres regiones del norte del país, en un intento por frenar el paso no autorizado de personas por pasos no habilitados. Las autoridades han dado un plazo de 90 días para avanzar en la construcción, aunque no han detallado concretamente el tipo de infraestructura que se levantará.
Kast ha justificado estas medidas bajo la premisa de que Chile ha sido “vulnerado” por la migración irregular, enfatizando la necesidad de reforzar la seguridad y el control de los flujos migratorios. Esta postura se alinea con su enfoque conservador sobre la crisis migratoria en el norte del país, que ha sido un tema central en su agenda de gobierno.
La situación en la frontera con Perú no es nueva: desde 2025 la región ha experimentado flujos irregulares significativos, particularmente de personas que buscan entrar a Chile sin los trámites formales requeridos, lo que ha generado tensiones políticas y operativas entre ambos países.
El anuncio de Kast ha generado reacciones diversas tanto dentro como fuera de Chile, con sectores que respaldan las políticas de seguridad fronteriza y otros que advierten sobre los desafíos humanitarios y diplomáticos que implican estas iniciativas. La medida se inscribe en un contexto más amplio de debate regional sobre cómo abordar la migración irregular y la seguridad fronteriza en Sudamérica.
