La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), han descartado cualquier incremento en el precio de la tortilla. Según informaron, no existe un aumento significativo en el costo del maíz en grano ni de la harina de maíz que justifique un alza para las familias mexicanas, quienes dependen de este alimento fundamental.
A través de un comunicado conjunto, ambas dependencias hicieron un enérgico llamado a evitar cualquier ajuste injustificado en el precio de la tortilla. Subrayaron la importancia de este producto en la dieta nacional y el impacto que tendría un encarecimiento en la economía de los hogares.
Recordaron que diversas asociaciones nacionales de la industria de la masa y la tortilla, así como las principales empresas harineras, son parte del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla. Este pacto establece un compromiso firme para mantener la estabilidad en los precios y trabajar hacia su eventual reducción, conforme a las dinámicas del mercado.
La Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) han reafirmado su compromiso con una producción y distribución eficiente. Esto, a su vez, contribuye a la estabilidad de los precios, por lo que no ven una justificación técnica o económica para un aumento.
El gobierno de México, por su parte, continúa implementando políticas para fortalecer la cadena de producción y comercialización del maíz. Estas iniciativas buscan mejorar el ingreso de los productores a través de la comercialización directa, asegurando así una cadena de suministro más equitativa y eficiente.
Adicionalmente, la Profeco lleva a cabo un monitoreo constante en más de 600 tortillerías a nivel nacional, como parte de su programa “Quién es Quién en los Precios”. La dependencia revisa el padrón de tortillerías de las Cámaras firmantes para verificar el cumplimiento de los acuerdos y presenta un informe mensual sobre los hallazgos.
Estas acciones conjuntas representan una estrategia integral del gobierno mexicano, diseñada para asegurar el abasto de maíz, proteger el poder adquisitivo de las familias y avanzar hacia la soberanía alimentaria del país.
